Mediante comunicado conjunto los alcaldes de Circasia, Montenegro, La Tebaida, Salento, Córdoba, Génova, Buenavista y Pijao explicaron que en su condición de socios de las Empresas Públicas del Quindío S.A. (E.S.P) rechazan en representación de sus municipios los sucesos presentados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas programada para el día 31 de marzo de 2017.
«En forma sorpresiva la Gobernación del Quindío, Filandia y Quimbaya decidieron usurpar la representación accionaria que tenemos los entes territoriales en la junta directiva y en las decisiones que como accionistas a todos nos interesan. Fue así como estos socios en forma inconsulta propusieron una reforma estatutaria que nunca fue conocida en forma previa por los municipios y transgrediendo las normas estatutarias decidieron imponerla abusando de su relativa mayoría, generando con esta ilegalidad el rechazo de nosotros y el retiro de nuestros delegados de esta reunión de Asamblea. Esta reforma vulnera flagrantemente las mayorías especiales previstas en los estatutos, en los cuales se dispone un quórum del 60% para decidir», explican en el comunicado.
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En la sesión mencionada del viernes 31 de marzo, los representantes de la Gobernación y de Quimbaya y Filandia, habrían acordado suspender el acto de Asamblea y continuarlo el día 3 de abril de 2017; decisión que no fue comunicada a ninguno de los demás accionistas, quienes no se encontraban presentes. En esta nueva reunión se eligió una nueva Junta Directiva con la exclusiva participación de la Gobernación del Quindío, empresas y agremiaciones particulares, así como personas completamente ajenas a los municipios, con lo cual en la Junta electa en forma particular no existe representación alguna de los municipios del departamento del Quindío.
«Esta situación desconoce nuestra participación accionaria y derechos respecto de EPQ. Dicha elección es violatoria de normas de orden público y de los Estatutos de la empresa», explican los mandatarios.
«Por tanto, manifestamos a la opinión pública nuestro rechazo a la forma deliberada, grotesca, abusiva e ilegal, con la que la Gobernación del Quindío y los municipios de Filandia y Quimbaya atropellaron y desconocieron los derechos de nuestras entidades ante la empresa, toda vez que representamos el 46.15% de las acciones suscritas en EPQ S.A. E.S.P. No podemos olvidar la responsabilidad que nos asiste respecto a la prestación de servicios públicos en cada uno de nuestros territorios, lo cual nos preocupa y genera la necesidad de acudir a las acciones legales correspondientes para defender el ordenamiento jurídico y el patrimonio público representado en nuestras acciones», puntualizaron.
Vea el comunicado completo aquí.
Qué dicen los acusados (Gobernación, Quimbaya y Filandia)
La nueva junta directiva quedó compuesta por la gobernación del Quindío, secretaría de Aguas e Infraestructura, dirección del Plan Departamental de Aguas, PDA, Comité Intergremial, Diego Arango Mora, Jorge Eliécer Orozco y Rubén Antonio Naranjo.
También se modificaron algunos puntos del estatuto y se solicitó una nueva convocatoria para el revisor fiscal, ya que, según el delegado de Quimbaya, Jhon Jairo Gómez Giraldo, «ningún candidato se presentó para la que se abrió la semana pasada, debido a la cantidad de exigencias muy difíciles de cumplir, como por ejemplo, una experiencia laboral de 7 años en empresas públicas, además de que se cerró el mismo día que se abrió”.
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El funcionario afirmó, en entrevista publicada por La Crónica del Quindío, que los puntos más importantes que se modificaron en los estatutos tienen que ver con el valor de las acciones, los requerimientos para elegir gerente, las mayorías en las votaciones y otros cambios que se debieron hacer, ya que no estaban acordes con la ley.
“El tema de la elección del gerente tiene que ver con los requisitos de los candidatos, ya que es importante tener al frente de la entidad a una persona idónea en servicios públicos, teniendo en cuenta que es a lo que se dedica la institución. Hay otras modificaciones respecto a formas, como lo de la mayoría en votaciones, que es irregular a lo largo de los estatutos”, dijo.
En comunicado anterior la gerencia de EPQ rechazó también el proceder de la Gobernación
Según comunicado publicado en la página de la EPQ, el gerente de la entidad manifiesta que «en una flagrante violación a la Ley y los estatutos modificaron (GObernación, Quimbaya y Filandia) el orden del día y removieron del cargo a la secretaria general de la asamblea para nombrar como secretario ad hoc a un abogado contratista externo de la Gobernación del Quindío sin que mediara una falta temporal o definitiva de la funcionaria. Además, el secretario ad hoc, en el desarrollo de la asamblea, habría abandonado su labor. Esta situación violaría el artículo 57 de los estatutos, que define que el secretario jurídico de la entidad funge como secretario de la asamblea y de la junta directiva de la sociedad».
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Al respecto desde la Gobernación explicaron que «en la asamblea de accionistas se nombró secretario ad hoc, porque la secretaría general que estaba ejerciendo, a la fecha no ha registrado las actas de asamblea del 1 de abril de 2016, en la cual se nombró revisor fiscal y tampoco ha registrado el acta del 2 de diciembre del mismo año, donde se nombró nueva junta directiva, lo cual sigue generando inconvenientes para la empresa».
Por su parte el gerente de EPQ, continuó con sus descargos al manifestar que desde la Gobernación «promovieron una reforma a los estatutos sin tener el quórum necesario para ello (…) siendo necesario un 60% de las acciones suscritas o pagadas para aprobar cualquier determinación., la Gobernación del Quindío y las alcaldías de Filandia y Quimbaya violaron flagrantemente las normas estatutarias de la empresa ya que adoptaron decisiones con un 53.65% de las acciones», explica el texto.
«No puede ser que bajo el argumento de que el departamento es la entidad con mas acciones en la empresa quieran imponer su criterio y quieran imponer las decisiones violando los estatutos» agregaron.
Este comunicado remata diciendo: «La gerencia general de EPQ S.A E.S.P quiere poner en conocimiento de la opinión pública y en especial de todos los usuarios de nuestros servicios el descarado abuso de mayorías que vienen imponiendo algunos socios de la empresa y la fragante violación a las disposiciones legales y en especial estatutarias que rigen la empresa (…) De igual manera exhorta a los organismos de control para que de manera inmediata tomen las acciones necesarias para evitar las violaciones al ordenamiento jurídico y en especial, eviten poner en riesgo la prestación de los servicios que presta la empresa.
Tensiones y choques serían por oposición política
Antes de terminar su mandato en 2015, la exgobernadora decidió reformar los estatutos de EPQ y cambiar la junta directiva, en lo que pareció ser una jugada astuta para quedarse con el control de la empresa, antes de que asumiera la gobernación el sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá.
Las disputas entre los grupos políticos de la anterior y la actual administración departamental, han generado fracturas y problemas en los que los más perjudicados han sido los municipios y sus habitantes.
El aumento en la tarifa del agua que ordenó en enero pasado el gerente de EPQ, James Padilla García, funcionario cercano al grupo político de Sandra Paola Hurtado; sin contar con la aprobación de la Junta Directiva, y que tuvo qué suspenderse por ilegalidades en el procedimiento, es una muestra de estas disputas y de que los abusos en la toma de decisiones no son solo de la gobernación de Osorio Buriricá, sino también de los representantes de Hurtado Palacio, quien ha sido acusada en reiteradas ocasiones de tener cuotas burocráticas en esta entidad y de mantener una nómina innecesaria, con el objetivo de controlar las decisiones en la empresa, que dicho sea de paso no es de propiedad de los políticos y gobernantes de turno, sino de los habitantes de los 10 municipios que tienen asiento en ella: Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia, Filandia y Salento.
Por ahora a los usuarios solo les queda exigir que las decisiones que tomen tanto los alcaldes, como la gobernación del Quindío y la gerencia de EPQ, sean en beneficio de todos los quindianos y no solo de un puñado de políticos y funcionarios.
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