Sandra Milena Manrique Solarte, secretaria Administrativa de la Gobernación de Quindío, y las supervisoras del contrato Núnero 003 de 2020, Eleana Andrea Caicedo Arias, y la profesional universitaria de la Secretaría de Salud, Liliana Vélez Botero, fueron citadas por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad para enfrentar el covid-19, por $800 millones de pesos.
De acuerdo con el ente de control, en el contrato habría datos contradictorios e imprecisos de los bienes a suministrar, además de presuntas irregularidades al incluir en bienes que no fueron objeto de cotización por parte del proveedor, por lo que se desconocía el precio pactado.
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Entre los elementos sin cotización estaban geles antibacteriales, alcohol antiséptico, glicerina, y alcohol glicerinado. Además la secretaria Administrativa habría omitido realizar la consulta de precios del mercado, lo que conduciría a posibles sobrecostos en el contrato.
La Procuraduría calificó la presunta falta de las supervisoras investigadas como grave a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento, y como gravísimas a título de culpa grave para la secretaria Administrativa.
La diligencia se llevará a cabo el 26 de mayo a partir de las 2:00 p. m.
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