En el departamento del Quindío existen 5 organismos de tránsito de los cuales 3, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío –Idtq-, y las Secretarías de tránsito de La Tebaida y Quimbaya, han sido blanco de las denuncias de un grupo de ciudadanos, quienes alegan que la corrupción ha permeado estas entidades.
Las denuncias son varias y por ello desde 180gradosquindio.com hemos elaborado una serie de informes que serán revelados semanalmente, sobre los hechos por los que se habla de corrupción al interior de estos organismos de tránsito, uno departamental y dos municipales.
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Abrimos esta serie de informes con el tema más espinoso, los convenios que las tres entidades han sostenido con la escuela de agentes de tránsito Asodics.
Asodics, una escuela cuestionada desde sus socios hasta su enseñanza
El 6 de diciembre del año 2014, la en ese entonces directora del Idtq, Gladys Hernández Montoya, suscribió un convenio de apoyo interinstitucional con el Instituto para el trabajo y desarrollo humano Asodics, cuyo representante legal era y sigue siendo Carlos Andrés Mora Gómez, convenio con el cual los estudiantes de Asodics podían desarrollar prácticas educativas en el Idtq. Además la escuela se comprometía a capacitar a los guardas de tránsito del Idtq en educación vial conforme a la ley.
Vale la pena iniciar explicando que don Carlos Andrés Mora es hijo de Jesús Alonso Mora, coordinador de inspeccion y vigilancia en la Secretaria de Educacion de Armenia, cartera encargada de avalar la formación impartida por Asodics, mediante resolución número 2005 y 2006 del 17 de junio de 2014
Junto a él aparece como suplente del gerente el señor Víctor Alonso Rodríguez Morales, quien para aquella época era regulador de tránsito y que meses después fue nombrado agente de tránsito por el señor Diego Fernando Tobón, quien siguió a Gladys Hernández en la dirección del Idtq. Víctor Alonso es el agente número 124 del Idtq, encargado del área de Educación Vial en la entidad. El funcionario es acusado por los denunciantes, de infringir los principios de la contratación estatal establecidos en la ley 80 de 1993 y la ley 734 código único disciplinario, con el agravante de que sus funciones como encargado de educación vial en el Idtq, son similares al objeto de la entidad privada Asodics, de la que forma parte.
Alegan además posible tráfico de influencias y favorecimiento de parte de las directivas del Idtq, para realizar convenios con Asodics, por medio del gerente Carlos Andrés Mora y el suplente de gerente Víctor Alonso Rodríguez. Estas denuncias ya fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría Regional, de la Superintendencia de Puertos y Transportes y de la Gobernación del Quindío como máxima autoridad del departamento.
Lamentablemente, y a pesar de que las denuncias fueron instauradas hace meses, ninguna de las autoridades conocedora del asunto ha iniciado investigaciones concretas sobre estos hechos, para al menos esclarecer si hay o no actuaciones indebidas de parte de los funcionarios implicados.
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Estudiantes de Asodics cumpliendo ilegalmente funciones de Agentes de tránsito
Las denuncias contra los convenios suscritos entre las entidades de tránsito y Asodics, no paran en el hecho de que sus directivos sean funcionarios públicos o familiares en primer grado de consanguinidad de algún empleado del Estado, si no que van mucho más allá, pues con fotografías se ha documentado el actuar de varios estudiantes de la mencionada institución realizando actividades que legalmente solo pueden efectuar los agentes de tránsito contratados por el Estado.
“Cada organismo de tránsito contará con un solo cuerpo especializado de agentes de tránsito y transporte, que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción (o bajo convenios con otros municipios), los cuales por su rango de autoridad y tener funciones de policía judicial no podrán ser objeto de delegación o contratar con particulares”, reza el artículo 4 de la ley 1310 de 2009.
De esta manera ningún regulador de tránsito, ni mucho menos un estudiante de una institución privada, podrá exigirle documentos a un conductor, participar en el análisis o investigación de un accidente, ni mucho menos impartir comparendos o multas de ninguna clase.
No se entiende entonces cómo a los jóvenes de Asodics se les ha visto en distintos municipios y carreteras pidiendo documentos e incluso impartiendo multas o comparendos a los conductores, como se evidencia en las siguientes fotografías.
Según las denuncias, esta práctica no solo se ha evidenciado con el Idtq, sino también con la Secretaría de Transporte de La Tebaida, que ha permitido este actuar ilegal de Asodics en la vía Armenia – La Tebaida, en la vía al Valle del Cauca, e incluso dentro del municipio.
También la Secretaría de Tránsito de Quimbaya está dentro de las denuncias, porque según informaron los denunciantes, allí fueron contratados jóvenes de Asodics para controlar el tránsito vehicular en el municipio en el pasado mes de diciembre durante el festival de velas y faroles, cometiendo de nuevo una irregularidad, pues como ya expusimos según la ley, los organismos de tránsito por tener funciones de policía judicial no podrán ser objeto de delegación o contratar con particulares.
Por si fuera poco estos jóvenes cuentan con chalecos marcados con el logo del Idtq y hacen uso del mobiliario y vehículos de la entidad (motos), sin pertenecer a la misma, lo que podría equipararse a que un civil cualquiera se ponga en su vestuario los logos de la Policía Nacional, se mueva en las motos de la misma y aplique multas del código Nacional de Policía a otras personas.
Además de estos hechos, junto a los logos del Idtq en los chalecos de los estudiantes, también aparecían logos de la Gobernación del Quindío en el periodo de Sandra Paola Hurtado, como si los jóvenes o Asodics, hicieran parte de la Gobernación, o como si el Idtq, como entidad estatal, hiciera campaña a una tendencia política, siendo un ente descentralizado.
Es válido aclarar que el Idtq no renovó para 2018 sus convenios con Asodics, y la actual directora de la entidad está al margen de lo sucedido en las anteriores administraciones de este organismo, aun así las investigaciones ya deberían haberse abierto para establecer las responsabilidades, ilegalidades y actuaciones irregulares a las que pudiera haber lugar desde 2014 hasta 2017.
Por: Equipo Investigativo 180gradosquindio.com
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