La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, y por 10 años a los exgobernadores encargados, John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez, por irregularidades en contratación con las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).
Los sancionados suscribieron 6 convenios interadministrativos con EPQ y Proviquindío sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetivos de los contratos, con lo que transgredieron el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al no permitir la participación de personas naturales o jurídicas que estaban en la capacidad de ejecutar las obras que se contrataron, a través de los convenios para la reposición de alcantarillados, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción y mejoramiento de vivienda, entre otros.
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La Procuraduría enfatizó en que no existe justificación para que los exmandatarios hayan utilizado la figura de convenio interadministrativo para trasladar la facultad contractual a empresas carentes de capacidad de ejecución que terminaron subcontratando, porque no tenían la solvencia representada en capacidad técnica, administrativa, logística, ni operativa para desarrollar los objetos contractuales.
De acuerdo con el portal elquindiano.com la Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría, aclaró que no está prohibido subcontratar algunas de las actividades que desarrollen los objetos de los contratos, pero reprocha que se suscriba un convenio interadministrativo, y la entidad ejecutora subcontrate la totalidad de las obligaciones.
La Procuraduría calificó la falta de los exgobernadores Sandra Paola Hurtado, Jhon James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez, como gravísima a título de culpa gravísima.
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En este proceso, el órgano de control también sancionó al exgerente de EPQ (antes ESQUIN S.A. E.S.P), Heidelman Grajales Puentes, y al exgerente de Provinquindío, Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, con suspensión en el ejercicio de su cargo de 6 y tres 3 respectivamente.
Esta decisión de primera instancia fue apelada por los disciplinados y será resuelta por la Sala Disciplinaria de la Entidad. Los apoderados sustentarán su apelación el próximo jueves 18 de enero a las 2:00 de la tarde
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