A pesar de que hace casi 2 meses ya no es el jefe del Ministrio Público, Alejandro Ordóñez y su familia continúan siendo custodiados por el mismo esquema que tenían cuando Ordóñez llevaba las riendas de la Procuraduría.
48 escoltas, más de 15 vehículos blindados de alta gama, 4 motos, y agentes de la Policía permanecen 24 horas en su casa en Bogotá.
El posible candidato presidencial de los conservadores y el uribismo sigue gozando de algunos de los privilegios exclusivos del Procurador General de la Nación, y los tendrá por lo menos hasta el 2020, lo que le costará a los colombianos, cerca de 62 mil millones de pesos.
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Según reveló Caracol Radio, el 9 de agosto del 2013, es decir, 8 meses después de su reelección como procurador, Ordóñez modificó una resolución de la Procuraduría para que exfuncionarios de la entidad conservaran, por cuatro años, el esquema de seguridad que el Estado les había otorgado.
No importa que su reelección haya sido fraudulenta y que haya sido destituido por El Consejo de Estado, el exprocurador y su familia seguirán siendo beneficiarios del millonario esquema de seguridad.
Que Ordóñez mantenga las mismas consideraciones como si fuera aún procurador es para Lozano un auténtico escándalo. Más aún cuando la representante señala que, desde el 2009 hasta el día en que se declaró irregular su reelección, la seguridad de Ordóñez le ha significado al Estado la suma de $ 41.150.600.000, y calculando hasta el 2020, año hasta el que se extenderá este esquema de protección, serán $ 62.000.000.000.
La representante Lozano le exige a Ordóñez que devuelva el dinero. “Se mecateó en cositas 62 mil millones de pesos para mantener sus ínfulas de reyezuelo”. Pero también anunció le anunció a Semana.com que presentará una solicitud al contralor general, Edgardo Maya Villazón.
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